Hay que quemar a los sabedores
La muerte de Robert Faurisson estuvo rodeada de un silencio ensordecido por parte de la extrema derecha que se creía “conveniente” es decir, que no aborda sobre todo los temas considerados como malditos, igualmente decidiendo sus líneas a seguir. Esto va desde el burgués Instituto Iliade que otrora era conocido como “la nueva derecha” (ellos ya no quieren saber más sobre esta etiqueta) y a un Reagrupamiento Nacional (Rassemblement National, antes Frente Nacional) encabezado por su presidenta Marine Le Pen protegida nerviosamente por la liga de defensa judía durante su participación en la primavera de 2018.
¿Cuál fue el crimen de Faurisson? El pretendió interrogarse, investigar, sobre el único tema histórico que las líneas de virtud han decidido que está prohibido acercarse. Aquello que incita a los espíritus honestos a interrogarse: ¿por qué es así? Qué justifica tal tabu? ¿En nombre de qué tipo de intereses? Estas preguntas merecen ser hechas, poco importa lo que pensamos sobre las tesis desarrolladas por Faurisson. Es simplemente la libertad de trabajo de los historiadores lo que está en cuestión.
Lo que ha dicho y entendido la historiadora Annie Kriegel (1926-1995) de origen judío y militante comunista en su juventud antes de comprender y denunciar las imposiciones comunistas en sus obras que son contundentes, como lo ha declarado el historiador Robert O. Paxton. Él ha tomado valientemente, posición contra la ley Gayssot, reprochando, en un artículo de “Le Figaro” (3 de abril de 1990), que hizo mucho ruido, sobre la reintroducción del delito de opinión en el derecho francés. Ella escribió: “confiando al poder judicial la tarea, detestable, de localizar el delito de opinión y expresión, esperando de la competencia entre organizaciones <antirracistas> una obsesiva cacería de brujas que representa los mismos excesos que no importa quién caza qué, protegiendose detrás de las instituciones judías preocupadas por legitimar una insoportable policía judía del pensamiento. Michel Rocard debería interrogarse a conciencia si él no estaría prestándose en una repugnante instrumentalización de los conceptos de racismo y antisemitismo a favor de unos objetivos poco aceptables.”.
La cuestión sublevada por Annie Kriegel ha dejado huella. En una tribuna publicada por L’obs el 14 de diciembre de 2005 titulada “libertad por la historia”, los historiadores de nombre (Jean-Pierre Azéma, ELizabeth Badinter, Jean-Jacques Becker, Francoise Chandernagor, Alain Decaux, Marc Ferro, Jacques Julliard, Jean Leclant, Pierre Milza, Pirre Nora, Mona Ozouf, Jean-Claude Perrot, Antoine Prost, René Remond, Maurice Vaïsse, Jean-Pierre Vernand, Paul Veyne, Pierre Vidal-Naquet, Michel Winock) escribieron: “El historiador no acepta ningún dogma, no respeta ninguna prohibición, no conoce tabúes. Puede que sea molesto. La historia no es la moral. El historiador no tiene como rol exaltar o condenar, él explica (…). En un debate libre, no pertenece al parlamento ni a la autoridad judicial de definir la verdad histórica. Es una violación a los principios que los artículos de ley sucesivas (ley 13 de julio 1990, 29 de enero de 2001, 21 de mayo de 2001, 23 de febrero de 2005) restringen la libertad del historiador, dicho así, bajo penda de sanción, lo que debe buscar y lo que debe encontrar, prescribiendo métodos e imponiendo límites”. Ese texto debe ser una referencia permanente para os combatientes de la libertad.
Pierre Vial.
